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El pasado 22 de agosto, Claudia Martínez Cruz de tan solo 23 años e integrante de un grupo callejero de la Ciudad de México falleció en el Hospital de la Villa al dar a luz a su primer hijo. Su muerte se produjo a causa de complicaciones que surgieron durante el parto, tras haber sido rechazada previamente en otros dos hospitales de la ciudad a los que había acudido en busca de atención médica. La muerte de Claudia podría haberse evitado si la joven hubiera tenido una adecuada atención médica en el momento del parto, así como un seguimiento clínico apropiado durante el embarazo que hubiera podido detectar enfermedades y/o posibles complicaciones. El trágico caso de Claudia no es un hecho aislado, situaciones como esta se repiten con demasiada frecuencia en las calles de Ciudad de México, según denuncia la organización El Caracol.

El pasado 28 de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que declaraba el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios básicos como un derecho humano fundamental. Esta histórica resolución constituye, sin lugar a dudas, un avance en el reconocimiento efectivo de este derecho para todas las personas, y un paso más en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecían reducir a la mitad en 2015 la proporción de personas sin acceso a fuentes de agua segura. Como organización entre cuyos principales sectores de intervención se encuentra la Soberanía Alimentaria, ACSUR reivindica y trabaja por el derecho de los pueblos al pleno acceso al agua, segura y de calidad, como elemento clave en el proceso de desarrollo y como derecho humano.
Los créditos FAD y los seguros a la exportación CESCE son las dos herramientas generadoras de deuda externa en el estado Español. La campaña ¿Quién debe a Quién? lleva años luchando para su eliminación y ha presionado políticamente ante las propuestas de Leyes presentadas por el Gobierno español en el Congreso de los Diputados para la reforma de FAD y CESCE. Tras la reciente aprobación de la Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, ¿QDQ? publica este informe que queremos apoyar desde ACSUR.
La sociedad civil latinoamericana ha mostrado su malestar después de que el periódico peruano Perú 21 vertiera acusaciones de terrorismo y narcotráfico contra los integrantes del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), socio de ACSUR- Las Segovias en la región peruana de Cajamarca. Así, diversas organizaciones de todo el continente han lanzado un comunicado expresando su total apoyo y solidaridad con esta organización, señalando que "estas graves acusaciones, poco tienen que ver con la nacional e internacionalmente reconocida labor que GRUFIDES realiza en la región norte del país".
Tras las presiones ejercidas por parte de la sociedad civil, el Gobierno ha cumplido con las demandas exigidas por numerosas organizaciones sociales y 82 ayuntamientos. La campaña estatal ¿Quién debe a quién? Ha promovido este movimiento que apremió al ejecutivo español a que ejecutase sin condiciones la cancelación de la deuda haitiana después del terremoto.
Un gran número de organizaciones sociales del Estado español comprometidas con la lucha contra la pobreza y con la consecución de los Objetivos del Milenio, entre las que se encuentra ACSUR- Las Segovias, han manifestado su indignación y su enérgico rechazo ante la visita a España del presunto genocida y actual presidente de Ruanda, Paul Kagame.
Túnez ha aprobado recientemente una nueva ley de recorte de las libertades que permitirá la incriminación de quienes "establezcan, de manera directa o indirecta, contactos con agentes de un Estado extranjero, de una institución o organización extranjera, con el objetivo de incitar a dañar los intereses vitales de Túnez y su seguridad económica". Se trata de una enmienda al articulo 61 bis del Código Penal y prevé castigos de entre 5 y 12 años de cárcel, con el objetivo de acallar a los que critican, desde dentro y fuera, el balance del país, en particular en relación con las libertades democráticas, derechos humanos, económicos y sociales y justicia.
Varias organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentra ACSUR- Las Segovias, unieron sus fuerzas este lunes un acto en memoria de "las víctimas civiles de la represión" tras el golpe de Estado de Honduras, del que se se ha cumplido un año. Estas organizaciones demandan coherencia política del Gobierno español contra impunidad en Honduras. Exigen, tanto al Ejecutivo como a la UE, que no reconozcan al Gobierno "ilegítimo" de Porfirio Lobo y reivindican el Frente Nacional de Resistencia Popular como interlocutor para el restablecimiento de la democracia en Honduras.
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