Continúan los asesinatos de activistas en Guatemala

La carta, dirigida tanto a los presidentes de los gobiernos de Guatemala y del Estado español como a los de La Caixa y Repsol YPF, como principales accionistas de la compañía, exige una investigación rigurosa "que esclarezca la autoría de estos asesinatos y las responsabilidades que puedan existir a todos los niveles, incluida la posible complicidad de las filiales de Unión Fenosa – Gas Natural" y pide al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "cumpla con su obligación de hacer que las empresas multinacionales españolas respeten los derechos humanos y la legalidad vigente en todos los países en que están presentes".

No es la primera vez que se denuncian estos hechos. El pasado 30 de noviembre, las mismas organizaciones enviaron otra misiva a las autoridades alertando de los asesinatos, la persecución, la criminalización y la represión de la que son objeto defensores de los derechos humanos en Guatemala.

En aquella ocasión, se lamentaba la muerte de Víctor Gálvez, dirigente social del FRENA y se hacían públicas las denuncias que diversas organizaciones del país centroamericano realizaron a la compañía energética en julio del año pasado.

Pero lejos de llegar aun entendimiento, las muertes relacionadas con el caso continúan. La última ocurrió el pasado 17 de febrero. Octavio Roblero, también del FRENA, fue asesinado sobre las 17:30 horas frente a su negocio en la terminal de buses de Malacatán, San Marcos, por individuos desconocidos. Roblero había recibido amenazas anteriormente y así lo hizo constar interponiendo un un recurso de exhibición personal ante Corte Suprema de Justicia del país, como medida de protección.

La misma suerte corrió Evelinda Ramírez, que murió asesinada el pasado 13 de enero. Como sus compañeros del FRENA, la activista participó activamente en la lucha contra Deocsa, denunciado los abusos contra la población que estaba generando al filial de Unión Fenosa – Gas Natural en Guatemala, como los apagones constantes y los cobros excesivos.

Según las organizaciones que han denunciado estos hechos, los asesinatos "responden a al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores y defensoras de los derechos humanos que están denunciando la violación de los derechos civiles y constitucionales de los guatemaltecos y guatemaltecas por parte de diversos actores que se amparan en la persistencia de la impunidad que el gobierno guatemalteco favorece".

Por su parte, a Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), considera inaceptable que, "en pleno estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad". Responsabilidad de España

UDEFEGUA, que acaba de publicar un informe señalando que el año 2009 fue el más violento de la década en Guatemala, opina que "cada vez es más evidente el vínculo entre esta empresa y los sicarios del crimen organizado" y aseguran que, "en la medida en que la impunidad siga siendo un manto protector de este tipo de atropellos, la ola de sangre seguirá creciendo".

Las denuncias de las organizaciones no se limitan a las autoridades guatemaltecas. Segun ellos, "es necesario señalar la responsabilidad del gobierno español en la impunidad de estos asesinatos", ya que "ante estas denuncias no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y políticas necesarias para esclarecer y frenar esta situación".

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