Las organizaciones y colectivos convocantes denuncian que la Ley que se esta tramitando en el senado "responde más a intereses de las grandes empresas de Comunicación en vez de desarrollar normativamente el ejercicio del derecho a la comunicación audiovisual, observando todos los factores necesarios, como la garantía y promoción del servició público, la calidad en el empleo y los derechos laborales, y la pluralidad informativo así como el acceso y la participación social a los medios audiovisuales".
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